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martes, 17 de noviembre de 2015

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infoeducativas: Veracruz, Mexico; Las entradas del blog han sido redactadas generalmente por Rafael Saldaña Mireles, Abogado,Maestro en Derecho. Las publicaciones no constituyen asesoramiento jurídico ni una opinión definitiva, y la información facilitada puede no ser completa.

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https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/actividades_vulnerables.html

El divorcio sin expresión de causa

A partir de los años sesentas comienza a abrirse la posibilidad de un divorcio en el que cualquiera de los cónyuges puede solicitarlo, de manera unilateral y sin expresión de causa, de una forma más directa, más inmediata.

En México, el antecedente lo planteó el legislador del Distrito Federal, al incorporar esta figura mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial el 3 de octubre de 2008, en el cual reformó, derogó y adicionó diversos artículos de su legislación sustantiva y adjetiva civil.

Esta figura implica que los cónyuges, o incluso uno de ellos de manera unilateral, tienen la posibilidad de manifestar, ante la autoridad judicial, su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa, siempre que haya transcurrido cuando menos un año desde la celebración del mismo.

Así, cuando solamente uno de los cónyuges solicita al juez el divorcio, deberá presentar un proyecto de convenio, que se someterá a consideración de la otra parte, siendo intrascendente la aceptación de dicho convenio, pues incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, ya que el juez indefectiblemente decretará el divorcio mediante sentencia, dejando expedito el derecho de los cónyuges para que lo hagan valer en la vía incidental, exclusivamente por lo que concierne al convenio.

Esta situación, según María Leoba Castañeda Rivas, deja a los miembros de la familia – el cónyuge que no promovió y los hijos, en su caso – en cierta posición de desventaja, los hace vulnerables, aun cuando se dicten medidas provisionales, porque no existen reglas objetivas para la definición de los efectos del matrimonio, dejando al juez esa gran responsabilidad, sin tener elementos sobre quién es culpable o inocente de la conclusión de ese vínculo jurídico conyugal.

De esta manera, si bien el divorcio se decreta de manera breve, se deja para futuras etapas la definición de sus efectos, sean éstos en relación a la persona de los ya divorciados, en relación con los hijos o en relación con los bienes.

En días recientes, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que en éste la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna, pues con la manifestación de dicha voluntad se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ya que decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye el modo en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida, es decir, la forma en que éste decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida. Así, la base del procedimiento respectivo es la autonomía de la voluntad, lo que implica una decisión libre de no continuar con el vínculo matrimonial, ya que si no existe la voluntad de uno solo de los cónyuges para continuar con el matrimonio, éste debe autorizarse.

Lo anterior en virtud de que la resolución de divorcio sólo es de carácter declarativo, pues se limita a evidenciar una situación jurídica determinada como es el rompimiento de facto de las relaciones afectivas entre los cónyuges.

Elías Mansur Tawill, señala que el matrimonio funcional, independientemente del marco jurídico, sigue siendo la célula social por excelencia, pero cuando surge la conflictiva de fractura del matrimonio, el marco jurídico actual no hace sino prolongar la continuación de una unión, en lo jurídico, que ha dejado de existir en lo fáctico, fomentando la conflictiva entre los actores, respecto, además, de sus hijos, padres, hermanos y de su entorno social mismo.

Por lo que atañe a su inserción en el derecho positivo, la Primera Sala ha señalado que las entidades federativas que han incorporado esta figura, haciendo referencia de manera exclusiva al Estado de Coahuila de Zaragoza, han atendido a la obligación que tienen todas las autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, establecida en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando que con la simple manifestación de voluntad de uno solo de los cónyuges de no seguir casado, se ejerce el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

El matrimonio, tal como refiere Elías Mansur Tawill, se sustenta, no en las cadenas ficticias de los decretos legales, sino en la voluntad firme, permanente y reiterada cotidianamente de integrar una pareja para la satisfacción de todos los fines que a tal unión corresponden: de ayuda mutua, de solidaridad, de satisfacción sexual, de proyección e integración familiar, de realización individual, de intimidad, de compañía permanente, de interlocución profunda, de complementación, en su caso de procreación, en fin, se trata de una relación trascendente que requiere de una disposición y de un compromiso constantes, no de meras ataduras formales. Requiere de un ánimo permanente de respeto, de admiración, de romanticismo, de mutua necesidad, de consideración. Cuando esto falla, es deseable que los esfuerzos de la pareja se encaminen a reparar la relación, a buscar la cercanía, la comunicación, en una palabra, a salvar su amor, sin embargo, esto no se encuentra supeditado a la decisión del legislador.
Indudablemente somos testigos de un cambio en la concepción y estructura de figuras jurídicas, por ende, nuestros legisladores tienen la tarea de adecuar el marco jurídico a las nuevas vertientes por las que transita el Derecho, siempre en aras de promover la protección de los derechos humanos, así como de su fundamento básico, la dignidad humana, esa que en muchas ocasiones se ve pisoteada ante la necesidad de acreditar causas para lograr la disolución de un vínculo matrimonial que en lo fáctico ya se encuentra abatido y cuya permanencia genera variados conflictos entre aquellas personas que en algún momento decidieron, de manera libre, mantener una mancomunidad de vida, pero sobre todo que afecta de manera directa a los hijos, quienes se encuentran en medio de una lucha generada entre los cónyuges por ver satisfechos sus intereses. La encomienda no es sencilla pues no se trata de un ejercicio de “copy paste”, en este caso estriba en lograr un equilibrio entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el interés superior del niño; nuestros ordenamientos requieren de una revisión de fondo, la existencia de figuras que hoy día resultan obsoletas e incluso absurdas es una realidad, sin embargo, aunque la tarea sea compleja su función principal estriba en ello.

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